Corte Penal Internacional pide investigar tortura en México

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) la realización de un examen preliminar a México por la comisión de tortura y tortura sexual como crímenes de lesa humanidad perpetrados por elementos de las fuerzas federales del Estado entre 2006 y 2018, en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

De acuerdo a Graciela Rodríguez Manzo, directora ejecutiva de esta organización, se han revisado 197 casos documentados ejecutados en 26 estados de la República en ese periodo, los cuales aglutinan a 642 víctimas, sin embargo advirtió que en el país existen “pactos de impunidad” y no existe ni voluntad ni capacidad para enjuiciar a los responsables de tortura, abusos y otros crímenes.

Lucía Chávez, vocera de la Comisión, explicó que en 2018, al inicio del actual gobierno federal, se entregó a la Presidencia de la República una lista de más de 60 nombres de perpetradores de tortura pertenecientes a la estructura gubernamental, sin embargo, la Secretaría de la Función Publica respondió que las responsabilidades administrativas estarían ya prescritas. De acuerdo al listado de casos presentados ante la CPI, la Secretaría de la Defensa Nacional ocupa el primer lugar en la ejecución de estos delitos; en segundo, la Secretaría de Marina y en tercer lugar, la hoy extinta Policía Federal.

Rodríguez Manzo explicó que entre los argumentos de la solicitud destaca que en ese periodo, el gobierno federal utilizó a las instituciones del estado para atacar sistemáticamente a diversas comunidades del país en la lucha contra la delincuencia, se documentaron ataques masivos y recurrentes contra la población para “reforzar” la política de seguridad y a la fecha no se investigan ni castigan los abusos de los elementos federales. Hasta la fecha la CPI no se ha pronunciado respecto a la solicitud, sin embargo se espera que lo haga pronto debido a las evidencias aportadas también por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que es coadyuvante en esta solicitud.

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