Podría perder Celaya el Parque Bicentenario

Celaya,Gto.- El gobierno de Celaya perdió el amparo y el amparo en revisión que particulares tramitaron para que les sean devueltos los terrenos donde se encuentra el Parque Bicentenario.

La sentencia podría dejar al municipio sin el Parque conocido como “Malecón” ubicado al oriente, porque los 162 mil metros cuadrados en que se asienta son reclamados por la familia Hernández Gállego, que hizo la donación a cambio de compromisos que el municipio nunca cumplió.

De acuerdo a un informe proporcionado por la defensa, el municipio de Celaya se encuentra condenado a la entrega del Parque lineal.

Fue el 29 de marzo del 2005 que el gobierno de Celaya, entonces encabezado por José Rivera, firmó un contrato “de donación sujeto a término y condición” con la familia Hernández Gállego. La familia donó 162 mil 543.55 metros cuadrados en el margen del Río Laja, a cambio el municipio comprometió varias acciones como la construcción de un pozo, electrificación, la construcción de una calle, cambios de uso de suelo para desarrollar la zona, entre otros, pero incumplió en realizar las obras. El contrato advierte desde entonces que si el municipio incumplía los particulares podrían solicitar la revocación de la donación. Fue por ese incumplimiento que la Familia Hernández Gallego demandó la reversión del inmueble junto con las obras que el municipio hubiere llevado a cabo. Demanda que por razón de turno le correspondió conocer al Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta Ciudad y por razón de orden le correspondió el Expediente número C339/2010.El 25 de enero del 2012 se pronunció la sentencia definitiva, misma que fuera recurrida por el Municipio de Celaya, correspondiéndole el Toca número 143/2012 dentro del cual, fue confirmada la sentencia. La Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato el día 5 de noviembre del 2012 en el considerando quinto de la resolución condenó al municipio al cumplimiento del contrato de donación.

“Lo cual se traduce en la devolución a sus dueños originales del hoy denominado PARQUE LINEAL, más la ejecución de todas las obras de infraestructura a que se obligó y el pago de pagos y costas del juicio”.

Para cumplir con la sentencia, con fecha 13 de septiembre del 2013 se celebró un “Convenio Judicial”, donde la Familia accedía a permitir al municipio continuar ocupando el parque a cambio de que ejecutará las obras de infraestructura a que se resultó condenado en juicio. Con fecha 15 quince de septiembre del 2015 se celebró el primer convenio modificatorio al convenio judicial de fecha 13 de septiembre de 2013, instrumento que básicamente sirvió para prorrogar y/o ampliar plazos, términos y modificar ciertas obligaciones que permitieran al Municipio de Celaya, Gto., cumplir a cabalidad con el convenio judicial. Con fecha 25 de mayo del 2017, se celebró un segundo convenio modificatorio, que básicamente sirvió para prorrogar y/o ampliar de nueva cuenta, plazos, términos y modificar ciertas obligaciones que permitieran al Municipio de Celaya cumplir a cabalidad con el convenio judicial. No obstante las prórrogas concedidas al municipio por los propietarios, el municipio permaneció en el incumplimiento de sus obligaciones, razón por la cual los propietarios pidieron al juez que en ejecución de la sentencia dictada, les fuera entregada la posesión física y material del parque lineal. El 4 julio de 2019 el juzgado civil ordena poner en posesión inmediata del inmueble cuya donación fue revertida a la parte actora en el referido expediente juicio ordinario civil 339 2010 ubicado al margen del río la laja cuya superficie es de 162 mil 543.55 metros cuadrados.

El municipio promovió incidente de oposición a la ejecución de la sentencia, es decir, se opuso formalmente a la entrega del parque, argumentando que la donación del parque lineal se encontraba consignada en escritura pública y que con independencia de su incumplimiento, dicha escritura debía prevalecer aún sobre la sentencia.

Los propietarios del Parque Lineal, promovieron juicio de amparo, mismo que se ventiló ante el Juzgado V de Distrito, con sede en esta ciudad en donde el Juzgado Federal concedió la protección Constitucional a los propietarios, ordenando la entrega del inmueble.

La sentencia del amparo señala: “Al resultar fundados los motivos de queja en estudio, se impone conceder el amparo solicitado, para que la autoridad responsable Jueza cuarta civil de partido de Celaya, Guanajuato, una vez que cause ejecutoria esta sentencia realice lo siguiente: “1ro. Deje insubsistente la resolución declamada del 23 de octubre de 2019 emitida en el juicio ordinario civil 339/2010 que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de 4 de julio de ese mismo año”.

“Dicte otra, en la que, reitere los aspectos que no fueron materia de controversia en este juicio de amparo, prescinda del argumento de que existe la escritura 37 mil 629 del 27 de julio de 2014 que contiene la donación pura y simple que en ella se detalla; analice el convenio de transacción judicial del 13 de septiembre de 2013, determine qué autoridad de sentencia ejecutoria en términos de los artículos 2446 del código civil para Guanajuato y 390-A de la legislación procesal civil de la entidad y por ende, debe cumplirse en estricto acatamiento del ordinal 17 constitucional; para lo cual deberá analizar las pruebas aportadas al juicio de origen documentales e inspección judicial, a fin de establecer si las partes contendientes cumplieron con lo pactado en aquel acuerdo, y de existir incumplimiento deberá proceder en los términos del propio contrato, es decir, decretará si procede la reversión alegada por los actores y, como consecuencia ponerlos en posesión del inmueble en disputa”. Sobre esa sentencia el municipio tramitó un juicio de revisión, pero el Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, confirmó la sentencia impugnada dictada en el juicio de amparo.

Consultada al respecto, la Presidenta, Elvira Paniagua Rodríguez señaló que desconoce la sentencia. En tanto el Director Jurídico, Mauricio Hueso Arreguín, dijo que falta que el Justado Civil dicte la sentencia aunque no descartó que pudiera decretar la revocación de la donación.

“Lo que se resolvió es un amparo en revisión que presentó la Familia Hernández donde el juez de distrito le concede el amparo, nosotros presentamos un recurso de revisión y se confirma la sentencia y todavía está pendiente que el juez civil que va a emitir una sentencia en cumplimiento lo defina (si deben o no entregar el parque)”. “Nosotros acabamos de presentar una aclaración de sentencia porque no quedaron claras muchas cosas que nosotros habíamos presentado, dijo el juzgado que no lo recurrimos y la verdad es que si se dijo y presentamos una aclaración para que el tribuna nos diga si efectivamente o no va a quedar en ese sentido esa determinación”.

Justificó que en caso de que tengan que entregar el parque los particulares deben pagar el costo de las obras realizadas.

“Hay algo que aclarar en los convenios firmados en 2013 la cláusula 13 señala que aún y cuando en algún momento dándose un incumplimiento se tenga que regresar el bien inmueble, las obras ya ejecutadas por el municipio deben cuantificarse y deben pagarse por los particulares, es algo que hemos dejado en claro dentro de todos los recursos”.

“Y cuando se haga esta revisión en cumplimiento, si el juez civil determina que se debe regresar el inmueble también se debe ordenar un incidente innominado donde se haga la cuantificación de las obras hechas por el municipio y que al mismo tiempo se debe pagar por el particular”.

Dijo que este juicio tiene desde el 2010 y que pudieran heredarlo a la siguiente administración.

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